LEY DE ABASTECIMIENTO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. MEDIA SANCION.

Media sanción al paquete de leyes de defensa del consumidor El Senadio dio luz verde a las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo y las giró a Diputados.

Voces críticas desde la oposición Recomiendo esta nota a otros lectores (1) El Senado aprobó esta madrugada y envió a la Cámara de Diputados un paquete de leyes de defensa del consumidor que postula la creación de un Observatorio de Precios y establece la puesta en marcha de una auditoría de las relaciones de consumo y un fuero federal para resolver los reclamos de los usuarios y consumidores.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la creación del fuero federal de consumidores fue aprobado por 53 votos afirmativos y 11 negativos, mientras que la propuesta de creación del Observatorio de Precios avanzó con 38 votos a favor y 27 en contra. En la sesión, que duró casi 14 horas, también se trató el proyecto de Ley de Abastecimiento y la propuesta para cambiar el lugar de pago de la deuda reestructurada.

El santacruceño Pablo González (Frente para la Victoria) fue el miembro informante del proyecto. La iniciativa establece la creación de un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo y sistematización de precios y la disponibilidad de bienes y servicios comercializados y prestados en todo el país. Justamente este es uno de los puntos más cuestionados por los legisladores de la oposición.

También se prevé la puesta en marcha de un fuero en la justicia federal que debe resolver las controversias originadas en las relaciones de consumo. En resumen, el proyecto prevé un Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo; una Auditoria en las Relaciones de Consumo (organismo de carácter autárquico perteneciente a la órbita del Ministerio de Economía) y la Justicia Federal en las Relaciones de Consumo. Dentro del ámbito de la Justicia se prevé la creación de ocho juzgados federales y una Cámara Nacional de Apelaciones y se fija «una duración máxima del proceso de 60 días».

González resaltó que la propuesta busca «agilizar y simplificar» los trámites para los reclamos de los usuarios y consumidores y confirmó que prevé modificaciones de las leyes de Competencia y de Ministerios.

Por su parte, el radical Luis Naidenoff indicó que la propuesta es «un gran avance» aunque aclaró que tiene «algunas diferencias» como la decisión de establecer la dirección del local donde se produjo la relación de consumo como jurisdicción para la resolución de los conflictos y no el domicilio del usuario o consumidor