MONOTRIBUTO. FINAL AL DERECHO DE DEFENSA ANTE EXCLUSION. INGRESO A PLAN VIGENTE.

Monotributo: punto final al derecho de defensa ante las exclusiones
Escribe: Marcelo D. Rodríguez

Un escorpión le pide a una rana que le ayude a cruzar el río prometiéndole no hacerle ningún daño. La rana accede subiéndole a sus espaldas pero cuando están a mitad del trayecto el escorpión pica a la rana. Ésta le pregunta incrédula ¿cómo has podido hacer algo así?, ahora moriremos los dos. Ante la mirada atónita de la rana, el escorpión se disculpa diciendo no he tenido elección, es mi naturaleza.
-Fábula de Esopo-

Luego de cuatro años y medio de la entrada en vigencia de El Nuevo Monotributo, el pasado 26 de junio fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución General (AFIP) 3640, que vuelve a modificar el régimen de impugnación de las exclusiones de pleno derecho impuestas por el Organismo Recaudador. La norma, que ya está en vigencia, deroga la Resolución General (AFIP) 3490, que había dispuesto que los planteos de disconformidad debían realizarse a través del sitio web de la AFIP. Ahora, con el dictado de la resolución que motiva esta colaboración, si bien el mecanismo recursivo mantiene la modalidad de presentación por internet, el contribuyente tendrá una sola instancia para producir su reclamo.
Punto de partida
La Ley 26.565 (BO del 21/12/2009), vigente a partir del 1/1/2010, introdujo importantes modificaciones al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), con el objetivo de otorgarle mayor equidad, procurando la inclusión exclusivamente de aquellos contribuyentes con baja capacidad contributiva.
A tal efecto, el legislador contempló la incorporación de nuevas causales de exclusión, destinadas a evitar que contribuyentes que debieran tributar por el Régimen General se amparen en los beneficios del RS, situación comúnmente conocida como enanismo fiscal.
La extensa lista de supuestos contemplados por el artículo 20 del Anexo de la norma, están encabezadas con un copete, que afirma que las citadas presunciones operan de pleno derecho. Sobre el particular, al poco tiempo de ser sancionada la ley por el Congreso Nacional, interpretamos que el espíritu de la reforma en este punto, fue la consideración de presunciones del tipo iuris tantum, y que por lo tanto, admitían la producción de prueba en contrario, imponiéndole esa carga al contribuyente que pretendiera desvirtuarlas. De otra manera, la norma estaría desconociendo el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y en consecuencia, podría ser considerada inconstitucional(1).
Impugnación de las exclusiones
Sin perjuicio de lo expuesto, resultaba llamativo que la flamante ley y su reglamento, no contemplaran en sus textos la metodología que debían aplicar los contribuyentes a fin de producir las pruebas necesarias tendientes a convalidar su correcto encuadre en el RS.
Por tal motivo, tiempo más tarde celebramos la publicación de la RG (AFIP) 2847 (BO del 14/6/10)(2), que reglamentó el procedimiento de exclusión, … con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa por parte de los contribuyentes y/o responsables involucrados y -simultáneamente- mantener el carácter expeditivo atribuido por la norma legal…, tal como surgía de los considerandos de la norma.
Este régimen, que estuvo vigente durante casi tres años, fue complementado por la Resolución General (AFIP) 3490 (BO del 29/4/2013). A partir de entonces, y como lo hemos comentado en este suplemento (3) , los contribuyentes notificados de la exclusión del RS, debieron utilizar el sistema informático EXCLUSIÓN DE PLENO DERECHO – DISCONFORMIDAD, opción PRESENTACIÓN DE DISCONFORMIDAD, para plantear su disconformidad desde el sitio web del Organismo, utilizando su clave fiscal.
La característica común de ambos mecanismos radicaba en que el contribuyente contaba con una doble instancia administrativa. En efecto, una vez agotado el procedimiento de impugnación de la exclusión, que originalmente fue presencial y luego por internet, todavía contaba con la posibilidad de transitar por el camino marcado por el recurso residual previsto en el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de Procedimiento Fiscal.
La RG (AFIP) 3640. Eliminación de una etapa recursiva
La norma recientemente publicada, establece que cuando la AFIP constate, a partir de la información obrante en sus registros y de los controles que se efectúen por sus sistemas informáticos, la existencia de alguna de las causales previstas en el artículo 20 del Anexo del gravamen, notificará al contribuyente adherido al RS la exclusión de pleno derecho.
El primer aspecto novedoso es que se elimina la posibilidad de plantear la disconformidad que existía anteriormente. Un sujeto excluido podrá plantear directamente el recurso de apelación fundada que establece el ar. 74 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal. El segundo radica en que para los casos en que se produzca la exclusión de pleno derecho y que el mismo posea la calidad de socio de una sociedad de hecho o comercial irregular, la exclusión del RS resultará extensiva a la referida sociedad.
Publicación de la exclusión
Se dispone además que la nómina de sujetos excluidos será publicada en el sitio web del Organismo el primer día hábil de cada mes. Posteriormente, una vez efectuada la referida comunicación, la exclusión será publicada en el Boletín Oficial, consignándose los datos referidos a denominación del contribuyente y número de CUIT correspondiente.
Adicionalmente, esta situación quedará reflejada en la Constancia de Inscripción del contribuyente en el sistema registral mediante la leyenda Excluido por causal art. 21, Anexo Ley 24.977. Esta constancia será de consulta obligatoria para los sujetos enumerados en la Resolución General (AFIP) 1817.
Una vez que el contribuyente excluido de pleno derecho del régimen, hubiera tomado conocimiento de tal circunstancia, podrá consultar los motivos y elementos de juicio que acreditan el acaecimiento de la causal respectiva. A esos efectos, deberá acceder al servicio MONOTRIBUTO – EXCLUSIÓN DE PLENO DERECHO, en el sitio del Organismo.
Recurso de apelación. Plazos
La exclusión dispuesta por la AFIP, podrá ser objeto del recurso de apelación previsto en el artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Fiscal, debiendo presentarse dentro de los quince días de la publicación de la exclusión en el Boletín Oficial. Sin perjuicio de ello, según establece el artículo 3° de la norma, la interposición del recurso en cuestión se considerará efectuada en tiempo y forma si se realizara con anterioridad a la mencionada publicación oficial.
El citado recurso deberá presentarse mediante transferencia electrónica de datos accediendo al servicio MONOTRIBUTO – EXCLUSIÓN DE PLENO DERECHO, opción Presentación de Apelación Art. 74 Decreto Nº 1397/79, del sitio web de la AFIP, mediante el uso de la Clave Fiscal e ingresando los datos requeridos por el sistema.
Como constancia de la transmisión efectuada, el sistema emitirá un acuse de recibo y le asignará un número de solicitud, considerándose admitido formalmente el recurso. De comprobarse errores, inconsistencias o archivos defectuosos, la presentación será rechazada automáticamente, generándose una constancia de tal situación.
Una vez realizada la transmisión electrónica prevista en el presente artículo, el solicitante deberá ingresar en el servicio MONOTRIBUTO – EXCLUSIÓN DE PLENO DERECHO, opción Consultar estado de apelación Art. 74 Decreto 1397/1979, a efectos de verificar el ingreso de la información y el número de presentación asignado, como así también el estado del trámite. Por otra parte, a través de dicha consulta el presentante, en su caso, podrá desistir del referido recurso.
A partir de esta presentación, el Organismo procederá a evaluar la situación del contribuyente en base a los datos suministrados, pudiendo requerirle el aporte de documentación o datos adicionales que estime necesarios a los efectos de resolver el recurso interpuesto. Sin embargo, cuando no fuere posible la notificación del requerimiento pertinente en el domicilio constituido o fiscal declarado por el contribuyente o se incumpla -total o parcialmente- con el mismo, se considerará el desistimiento por parte del presentante y, sin más trámite, se procederá a disponer el archivo de las actuaciones. La resolución dictada por la AFIP que resuelva el recurso interpuesto agotará la vía administrativa.
Consecuencias de la exclusión. Alta de oficio
Los contribuyentes excluidos de pleno derecho serán dados de alta de oficio en los tributos -impositivos y de los recursos de la seguridad social- del régimen general, de los que resulten responsables de acuerdo con su actividad.
Por otra parte el alta de oficio en el Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos será efectuada, inicialmente, en la Categoría I de la Tabla III del Decreto 1.866/06, contando el contribuyente con treinta días para empadronarse en la categoría que corresponda según su actividad e ingreso.
El artículo 8° de la norma establece que, producida la exclusión, el alta en los tributos del régimen general que corresponda tendrá efecto desde el mes inmediato anterior a la fecha de publicación en el Boletín Oficial referida ut supra. Se dispone además, que dicha alta no obstará al ejercicio de las facultades de verificación a cargo de esta AFIP en orden a determinar la oportunidad en que se produjo la causal de exclusión.
Una situación no prevista por la norma es qué destino tendrán los impuestos del régimen general abonados por el contribuyente mientras dura la discusión con respecto a la exclusión. En principio, deberían poder compensarse contra obligaciones del RS, y/o ser devueltos sin más trámite, una vez resuelta la improcedencia de la postura del Fisco Nacional.
Inactivación transitoria de la CUIT
Para el supuesto que el contribuyente excluido incumpla con las obligaciones formales impuestas por los tributos del régimen general, dentro del plazo de ciento veinte (120) días, computados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial, o de la notificación de la denegatoria del recurso de apelación, se dispondrá la inactivación transitoria de su CUIT.
Nótese que, mientras el contribuyente está transitando por el árido proceso impugnatorio, tendiente a refutar la decisión unilateral adoptada por la Administración, se encuentra obligado a inscribirse en el Régimen General, a efectos de evitar la inactivación de la CUIT. Ante este circunstancia, se deberá evaluar entonces la alternativa de presentar una medida cautelar ante la justicia, tendiente a mantener el statu quo, hasta tanto se resuelva la verosimilitud de la situación del contribuyente planteada por la AFIP.
Sin perjuicio de lo dispuesto, la inactivación transitoria de la CUIT, no obsta el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización que competen al Organismo, ni implica la liberación de las obligaciones materiales y formales a cargo de los sujetos alcanzados, las que deberán ser cumplidas en la medida que correspondan.
La inactivación transitoria de la CUIT quedará sin efecto en los siguientes casos:
4 Cuando la AFIP realice al sujeto una fiscalización y de ella se derive un ajuste de los tributos a su cargo.
4 En el supuesto en que se haya dictado una resolución administrativa, contencioso-administrativa o judicial determinando tributos adeudados, aunque la misma sea objeto de impugnación o de recurso en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial.
4 Cuando el sujeto regularice su situación respecto de las obligaciones del régimen general de las que resulte responsable.
Palabras finales
En base a la controvertida redacción del copete del artículo 20 del Anexo de la Ley del Monotributo, en tanto afirma que las presunciones allí indicadas operan de pleno derecho, el Organismo Recaudador se permite hoy desandar el ponderable camino transitado, tendiente a posibilitar a los contribuyentes el ejercicio de su derecho de defensa ante las exclusiones del RS que se hubieran dispuesto. Es así como la Resolución General (AFIP) 3640 vino a eliminar una de las etapas de discusión en sede administrativa.
Sin embargo, más allá del mantenimiento del planteo del recurso previsto por el artículo 74 del reglamento de la Ley de Procedimiento Fiscal, resulta evidente que finalmente el Fisco ha interpretado que la naturaleza de las citadas presunciones, lo habilitan para que sean de aplicación sin admitir prueba en contrario.
En consecuencia, los contribuyentes adheridos al RS que se encuentren dentro de las hipótesis de exclusión previstas en la ley del gravamen, como así también aquellos que hubieran decidido transitar el proceso de impugnación del acto administrativo que dispone la exclusión del régimen, deberán evaluar la conveniencia de regularizar su situación fiscal.
Podrán entonces aprovechar los beneficios del Plan de Facilidades de Pago instaurado por la Resolución General (AFIP) 3630 o del Blanqueo de Moneda Extranjera, cuyo plazo de vigencia ha sido recientemente prorrogado hasta el 30 de septiembre del corriente año.
De esta manera, evitarán transitar por el tedioso camino, que inexorablemente los llevará a fenecer en el intento.